El Trabajador

Día 25 de septiembre de 2008. A unos días de explotar uno de los capítulos más negros de la actual debacle económica mundial, el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díez Ferrán, lanza el guante. "Ante problemas excepcionales, el Gobierno debe tomar medidas excepcionales". Éstas, aclaró, eran abaratar el despido y flexibilizar el mercado de trabajo.

Nada nuevo bajo el sol. Cinco reformas laborales en el periodo democrático no han contentado a nadie: los empresarios siguen quejándose de la rigidez del mercado de trabajo, y los trabajadores, de la precariedad y la picaresca empresarial a la hora de exprimir los límites legales.

Las reivindicaciones de los empresarios contra la tan traída y llevada rigidez de la normativa laboral española rebrotan con la crisis, abrigadas por las proclamas de grandes organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Pero, al mismo tiempo, la mayoría coincide en que las empresas hacen en España un uso abusivo de la temporalidad en el empleo -la tasa de trabajadores eventuales, del 31%, contrasta con el promedio del 15% de la Europa de los 25-, lo que crea una suerte de flexibilidad de facto anómala. Además, los sindicatos critican que las herramientas de adaptabilidad internas no se aprovechan lo suficiente.

¿Es tan rígido el marco laboral en España? ¿Es tan necesaria una enésima reforma, esta vez, supuestamente definitiva? Contratos estables pero con duración limitada a cinco años, más movilidad funcional y geográfica, jornadas de trabajo y sueldo variables, indemnizaciones por despido que oscilen en función de la vulnerabilidad del empleado afectado... Las posibilidades que plantean las empresas son múltiples esgrimiendo un argumento: una economía más abierta genera mayor espíritu emprendedor, estimula el empleo estable y, a la postre, fomenta una economía de mayor valor añadido.

"Ya hay mucha flexibilidad, hay múltiples herramientas, lo que pasa es que no se utilizan bien", critican los abogados Ana Tomé y Sergi Maldonado, del bufete laboralista Col.lectiu Ronda, dedicado a la defensa de trabajadores. Un ejemplo es el contrato indefinido a tiempo parcial, que se utiliza poco en España. Muchos trabajadores de los servicios de tierra de los aeropuertos lo tienen. "Les cambian las horas de trabajo y la función cada mes", apunta Maldonado. Algunas fórmulas de flexibilidad, en España, se pueden aplicar a través del convenio colectivo, de acuerdo con los trabajadores.

"El marco laboral en España es garantista, pero no rígido. El despido ya es libre en España; puedes despedir a cualquiera, lo que quieren los empresarios es que, además, sea gratis", añade Tomé. Ambos abogados no dejan de mostrar sentencias por contratación fraudulenta, de hacer pasar por eventuales funciones que son estructurales durante varios años. Nadie se libra, ni las entidades públicas.

Marc Carrera, abogado de la firma legal Sagardoy, que asesora a grandes empresas, reconoce: "Es verdad que el contrato eventual se ha desvirtuado, pero hay tal inseguridad jurídica para el empresario que éste se atrinchera, toma decisiones a corto plazo y no apuesta".

Las compañías automovilísticas son las que más han apostado por adaptar su estructura a los vaivenes del mercado, pero incluso sus sistemas se han agotado, y también reclaman acuerdos más flexibles. Seat, por ejemplo, tiene una bolsa de horas, la cual establece que los trabajadores pueden dejar de trabajar hasta 35 días al año por caídas en la producción, y la compañía les sigue pagando el sueldo. A cambio, los trabajadores devuelven esas horas en puntas de actividad, sin cobrar más.

Pero la caída de ventas es tan severa que la bolsa de horas no trabajadas se ha agotado para muchos empleados y la compañía ha optado por un recorte temporal de 5.300 empleos. Nissan también está aplicando un ajuste temporal -sin descartar despidos futuros- y uno de los motivos planteados es que carece de empleados eventuales y, por tanto, de margen de flexibilidad, después de que una decisión judicial le obligase a hacer fijos a 700 eventuales.

Y es que el empleo temporal es una fórmula de ajuste a la que se agarran las empresas. La OCDE, además de emplazar continuamente a España a aflojar la legislación, le riñe por lo descompensada que está la protección a los indefinidos (que contempla una indemnización de 45 días de salario por año trabajado en caso de despido improcedente), muy por encima de la media de la OCDE, frente a la de los eventuales (ocho días), muy por debajo (ver cuadro).

Para Sandalio Gómez, profesor especializado en laboral de la escuela de negocios IESE, que ha elaborado un estudio sobre las reformas laborales, "la única manera de acabar con la temporalidad es crear un empleo indefinido más barato, porque los empresarios tienen pánico a los trabajadores de más de 10 o 15 años de antigüedad".

Aunque la flexibilidad afecta a la contratación, las condiciones y la rescisión del contrato, el debate en España acaba siempre focalizado en un factor: el precio del despido. Y el de los españoles con contrato fijo no es nada barato. Es al menos lo que dice el Banco Mundial en su informe Doing business 2009 (Hacer negocios), en el que elabora la lista de las economías más flexibles. España presenta un coste de despido del 56 en una escala de 0 a 100, superior a la media de la OCDE (25), a mil años luz de Estados Unidos (0) o Reino Unido (22), aunque más bajo que otros como el de Alemania (69). Las fuentes que cita el Banco Mundial en su informe son grandes firmas legales instaladas en España.

Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, pone el grito en el cielo. "Organismos como la OCDE y la FMI sólo hacen propaganda pura y dura para recortar derechos. Las comparativas entre países son muy complicadas. ¿La indemnización por despido es más baja en otros países? Vale, pero en algunos de los nórdicos tiene, por ejemplo, tres meses de preaviso. No se pueden admitir tantas falacias". Las causas a las que acogerse para justificar un cese, por ejemplo, también pueden ser más estrictas.

La manera de luchar contra la elevada tasa de temporalidad es acabar con "la debilidad del modelo productivo", según Ferrer. Carlos Martín, economista del gabinete de estudios de Comisiones Obreras, también apunta que "ahora, con la crisis, la tentación es hacer otra reforma porque es más visible, pero lo que se debe hacer es invertir en los sectores de más valor añadido y limitar el crecimiento del resto".

Fuentes de la CEOE han preferido no añadir análisis alguno a la procalma de su presidente. El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no tardó en responder que abaratar el despido no solucionaría la crisis y que, en cualquier caso, no tomaría iniciativa alguna sin el acuerdo de sindicatos y empresarios.

La cuestión, al final, estriba en cómo y para qué se utilizaría una mayor laxitud laboral en una cultura empresarial como la española. ¿Apostarán por el talento, por el empleo de valor? En todo un ciclo de bonanza económica histórica, los puestos de trabajo creados por las empresas españolas han consolidado la precariedad y un modelo económico de bajo valor añadido. Pero la necesidad puede obligar ahora al cambio.

Marc Carrera lo tiene claro: "A las empresas no se les puede convencer como razones morales de que hagan algo, sino con las económicas, porque lograr beneficio es su obligación". Sandalio Gómez también admite que "la mentalidad de la empresa española tiene mucho que mejorar".

La Comisión Europea ha hecho, a su vez, llamamientos para acometer reformas estructurales en las economías, pero ha tomado la bandera de la flexiguridad, un concepto que gusta a la patronal y a los sindicatos europeos y que combina movilidad y protección, que inventó Dinamarca. En ese país, el empresario despide sin pagar nada (aunque con un preaviso de tres meses), pero el parado recibe como subsidio el 90% de su salario hasta un tope de cuatro años, durante los cuales tiene la obligación de seguir formándose y de buscar otro empleo. El resultado es una tasa de paro de sólo el 2,7% y una gran movilidad laboral.

Pero, para financiar un sistema así, el tan celebrado caso danés gasta en políticas de empleo ni más ni menos que el 5% de su producto interior bruto (PIB), según la OCDE, para lo que requiere potentes ingresos fiscales. En un momento en que en España también se reclaman nuevas rebajas de impuestos, se presume harto improbable lograr la cuadratura del círculo.

El Estatuto de los Trabajadores, elaborado en 1980, se ha reformado cinco veces.

- 1984. Con una tasa de empleo del 20,6%, el Gobierno impulsó el contrato temporal y logró dos millones de contrataciones de este tipo hasta 1993.

- 1994. Para Sandalio Gómez, de IESE, fue la reforma más ambiciosa, aunque sin acuerdo con los agentes sociales. Se ampliaron las posibilidades del despido colectivo y las causas por despido objetivo (con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, en lugar de 45). Impulsó los contratos de prácticas, los llamados por los sindicatos "contratos basura".

- 1997. Se inventa un contrato indefinido de fomento a la contratación indefinida para colectivos especiales (jóvenes, mujeres en paro, entre otros), con 33 días de indemnización.

- 2001. Se reduce la duración del contrato eventual de 12 a 13,5 meses. En contratos a tiempo parcial, la reforma rompe la rigidez y se remite a una genérica distribución del tiempo.

- 2006. Sandalio Gómez critica que la reforma no soluciona los problemas estructurales, sino que incide en establecer subvenciones para la transformación de contratos eventuales en indefinidos. Pero estas ayudas tienen fecha de caducidad, diciembre de 2007.