El Trabajador

¿A 20 años del Caracazo: Cuatro millones de balas se dispararon contra un pueblo desarmado?
El aumento del precio de la gasolina se estableció el domingo 26 de febrero. Ante esto, los transportistas le exigieron al gobierno incrementar el costo del pasaje. Y así se dio: se les concedió un 30%, pero al siguiente día los usuarios se encontraron con un incremento de hasta un 80%. El 30% del aumento salarial decretado por CAP aún no se había concretado para los empleados públicos, y Fedecámaras sólo querían negociar 6% del aumento en el sector privado. Ese lunes se generaron las primeras protestas, que se acentuaron en la ciudad capital, y que se conocieron posteriormente como “El Caracazo”. El diario El Nacional describió lo que sucedió el 27 de febrero en una fotoleyenda de la siguiente manera: “Una ola de violencia y agitación sacudió ayer el país, en protesta por el alza de las tarifas de pasajes, gasolina y alimentos”. Todo empezó en los alrededores del Nuevo Circo, cuando los usuarios de la ruta Caracas-Guarenas-Guatire se enteraron de las nuevas tarifas que deseaban imponer los choferes, mucho más altas que las aprobadas por el nuevo gobierno, y aún no publicadas en Gaceta Oficial. Desde las 6:00 de la mañana decenas de pasajeros decidieron tomar la Avenida Lecuna, para protestar el alza, hasta la Avenida Bolívar, narró en un artículo Fabricio Ojeda, periodista de El Nacional, el 28 de febrero de 1989. A medida que pasaba la tarde, seguía aumentando el número de personas que salían de sus casas espontáneamente para protestar. Todos los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos de la ciudad se reportaban saqueos a camiones de comida y supermercados. La situación se agudizó con la quema de autobuses y, en horas de la tarde, la PM ya había recibido instrucciones de reprimir. El periodista de El Nacional Humberto Álvarez describió la situación de la siguiente manera: “En una acción de protesta por el alza inusitada del pasaje, el pueblo de Guarenas se lanzó ayer a la calle, saqueó y quemó más de 100 comercios, incendió 10 vehículos causando pérdidas millonarias, a la vez que colocó barricadas y mantuvo durante 7 horas incomunicada a Caracas con el oriente del país”. El ministro de Defensa del gobierno de CAP, Italo del Valle Alliegro, anunció la noche del 28 de febrero, por decreto número 49, la suspensión de las garantías constitucionales. Los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, a transitar libremente por el territorio nacional, a la libertad de expresión, a reunirse en público y a manifestar pacíficamente estuvieron suspendidos en esos días. En una nota de marzo de 1989, el semanario Tribuna Popular denunció los abusos criminales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN): “Hechos que cabe atribuir no ya al nerviosismo o la inexperiencia de algún recluta, sino a una decisión de castigar de la manera más violenta a un pueblo que protesta, legítimamente, ante una situación insostenible e insoportable de degradación de sus niveles de vida”. En el editorial del semanario se agregó: “No pueden existir excusas, en un régimen que se proclama democrático, para el ametrallamiento de edificios, bloques, ranchos y barriadas enteras”. Por otro lado, el editorial de Sic de abril de 1989 también describió los sucesos de entonces: “Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado… La cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no sólo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza”. CAP refirió que el estallido social se debió a una guerra de los pobres contra los ricos, cuando en realidad la protesta se produjo porque el pueblo estaba pasando hambre: familias venezolanas se alimentaban con “perrarina” y a los más pequeños les hacían teteros con agua de espaguetis. El editorial de la revista SIC continúa así: “Los de mayor poder adquisitivo, sin embargo, se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo: unos abandonaron inmediatamente el país, o al menos pusieron a sus hijos a salvo, y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa. No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo, como habrían señalado altos funcionarios de aquel gobierno. La arremetida vino por la acción combinada de la policía y el Ejército porque el enemigo era el pueblo. De hecho, todos los muertos eran civiles. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez”, citó el editorial de Sic. Las víctimas de un brutal genocidio Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fos
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desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero de hace 20 años y los días que siguieron es incalculable. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana.