Mientras Hugo Chávez llama a sus seguidores a continuar "arrollando a la contrarrevolución", un nuevo sector aparece en escena. Es el sector laboral, que se debate entre las conquistas alcanzadas en años de lucha y el "amor" al líder carismático que hace diez años les ofreció el cielo, es decir, ser copropietarios de los medios de producción, pero ahora perciben cómo, en el "socialismo real", va desapareciendo todo aquello por lo que habían luchado. 

¿Cómo entender que quienes fueron llamados a convertirse en el pilar de la revolución socialista puedan ser ahora la piedra en el zapato del nuevo modelo económico? 

Trabajadores del sector público y del sector privado han protagonizado conflictos que casi se han triplicado en el último trimestre. En enero de este año se registraron 45 conflictos laborales, en el mes de febrero la cifra llegó a 59 y marzo cerró con 113. Nos referimos sólo en el campo laboral, dejando por fuera protestas por inseguridad o conflictividad política. 

Los datos corresponden a un estudio sobre conflictividad laboral que realiza la cátedra de Derecho Laboral de la UCAB,

coordinado por el profesor Victorino Márquez, quien está asistido por la investigadora Dralys Da Silva. El estudio indica que la conflictividad laboral en marzo fue 91,5% mayor a la registrada en el mes de febrero, 28% de las cuales supusieron la alteración o paralización del proceso productivo. 

Es de destacar que 78% de los conflictos se produjeron en el sector público y 22% en el sector privado. Inversamente, la mayoría del sector laboral está ubicado en el sector privado y la economía informal. De allí que aun siendo minoría el sector público en cuanto a número de empleos y a pesar de las estatizaciones, la mayor cantidad de protestas se registra en entes del Estado. 

Según explica el especialista en Derecho Laboral, en el sector público el origen predominante de conflictos ha sido por la negativa del Gobierno a suscribir los contratos colectivos vencidos. Para ello se utilizan mecanismos de retraso o estancamiento en las negociaciones por parte del "Gobierno-patrón". Los casos más emblemáticos se han registrado en el sector petrolero, eléctrico y la salud, donde puede hablarse de la existencia de un conflicto continuado. 

La conflictividad laboral tuvo una advertencia, por primera vez, de parte del Presidente cuando, en el acto de inicio de la construcción de la nueva Siderúrgica Nacional, en el municipio Piar del estado Bolívar, habló sobre las "amenazas" de ciertos sectores del sindicalismo arraigado en viejos métodos de presión. Allí puso como ejemplo lo sucedido con los trabajadores del Metro de Caracas: "Ellos iban a parar el metro" y advirtió que si lo paraban, lo militarizaba. Según su punto de vista, "bajo presión" unos sindicalistas lograron que la junta directiva del Metro firmara un convenio insostenible, el cual él rechazó. Es así que en el mes de marzo los dirigentes sindicales del Metro de Caracas accedieron a una "reforma regresiva" del contrato firmado y homologado a finales de 2008 renunciando a ciertas cláusulas favorables a ellos: "Ustedes piensan que yo les voy a sacar el dinero a las Madres del Barrio o a la Misión Barrio Adentro para dárselo a unos sindicatos que quieren ganar 3.000 bolívares fuertes, y darse unos bonos. Eso se llama corrupción", argumentó Chávez en alusión a los dirigentes sindicales. 

"Existen trabajadores que quieren lujos para sus hijos, por ejemplo, que estudien en colegios privados teniendo un liceo o escuela bolivariana", les echó en cara el Presidente. Cuando hace ese señalamiento denota que se está desatando una competencia por una torta de recursos públicos menguada, indica Victorino Márquez. Pero los sacrificados "parecen ser por el momento los trabajadores sindicalizados y ello explica en buena medida el incremento de la conflictividad". 

Sostiene Isabel Pereira, coordinadora de políticas públicas de Cedice, que con esa expresión, Chávez toca una de las zonas más sensibles para los trabajadores que, aparte del salario, es la pérdida de la calidad de la educación y la salud. 

Para el profesor Márquez, en el movimiento sindical hay división y confusión. De un lado están los sindicatos patronales del sector público que piden a sus miembros aceptar el recorte de sus beneficios. Esos dirigentes tienen ahora la dura tarea de venderles a sus afiliados posiciones como la del ministro Giordani, quien señala que "el nivel inflacionario no debe privar a la hora de establecer el salario mínimo" y las "aspiraciones tienen que ajustarse a la realidad de los recursos". Pero, reflexiona Márquez, es difícil pedir austeridad cuando has sido un Gobierno manirroto y has criticado los ajustes económicos ortodoxos. A su juicio, a pesar de los remitidos que publican en la prensa los sindicatos leales al Gobierno, llamando voraces, oligarcas y cómplices a los trabajadores inconformes, dentro de poco van a sufrir una crisis de representatividad, pues sus afiliados van a relevarlos por dirigentes menos complacientes con el Gobierno. Del otro lado están los trabajadores y sindicatos que creen en el sindicalismo de "pan con mantequilla". Para esta corriente, los intereses de sus afiliados no coinciden siempre con los de la revolución. Están más interesados en que el salario no se les haga agua y reivindican la libertad sindical como medio para conseguir mejoras socioeconómicas. 

Concluye el investigador Victorino Márquez en que los trabajadores públicos se creyeron inmunes a la pérdida de derechos. Entre 2003 y 2008 ofrecieron paz laboral e identificación con el proceso a cambio de bonos que les permitieron participar de la renta petrolera creciente. Esa estrategia tuvo su clímax con el apoyo del movimiento sindical a las estatizaciones. Las vieron como un atajo para alcanzar beneficios que no podían conseguir de los patronos privados. Por ejemplo, antes de la estatización los costos de personal de Sidor equivalían a 11% de los costos totales de la acería y luego del contrato que cerró el mismo Chávez llegan a 23%. Ahora el director ejecutivo de Sidor dice que Sutiss se aprovechó del Gobierno. Ahora los trabajadores están sufriendo un desengaño con la estatización. Por un lado, las empresas estatizadas están resultando lo que siempre fueron: negocios en rojo que sólo se mantienen a flote conectadas al respirador artificial del presupuesto. Ahora que se desplomaron los precios de las materias primas a escala mundial, los precios del aluminio, por ejemplo, pasaron de US$ 3.440 por tonelada a US$ 1.290 y los costos de producción promedio de Alcasa y Venalum rondan los US$ 3.500, afloran las debilidades y contradicciones de las empresas socialistas. Isabel Pereira, quien permanentemente presta asesoría en los conflictos laborales en varias regiones del país, afirma que el Gobierno ha fracasado en la creación del aparato económico socialista que iba a sustituir a la empresa privada. 

El dilema lo aclara el ministro Jorge Giordani cuando señala: "Yo no he visto la construcción del socialismo en ningún país que sea un socialismo de abundancia. Los socialismos han sido a partir de la escasez. De allí que para Márquez, el Gobierno patrono comienza a enseñarle los dientes a los trabajadores. La libertad sindical es una quimera cuando el patrono es a la vez inspector del Trabajo, rector electoral, juez y policía y tiene la válvula para regular a su antojo la negociación colectiva y la huelga. El Estado se niega a discutir convenciones con directivas sindicales no legitimadas, pero esa legitimación depende a su vez del CNE. La aceptación de pliegos conflictivos depende de la Inspectoría del Trabajo, instancia controlada por el Estado-patrono. Los trabajadores comienzan a caer en cuenta de que la concentración de poder político y económico en manos del Estado atenta contra la libertad sindical al igual que atenta contra las demás libertades de expresión, de empresa, de manifestación, etcétera. En este sentido, son reveladoras las declaraciones del Sindicato Socialista de Polar: "Nosotros queremos a Polar y queremos a Chávez. No queremos la nacionalización sino que se cumpla la ley". 

Prensa: eluniversal